Objetivo de la memoria histórica
La memoria histórica busca hacer presente la violencia socio-política que se superpuso y continuó al conflicto armado que conocemos como Guerra Civil, pese a que cada uno de los bandos contara con participación internacional, participación que fue más decisiva y notoria en el caso del ejército sublevado.
Este proceso de violencia socio-política supuso la ejecución sistemática de vulneraciones a los derechos humanos con la impunidad que permitía la acumulación del poder político y militar en las mismas manos, lo cual relegaba la posibilidad de un juicio o de un juicio justo a la nada.
La memoria histórica busca transmitir, ya no la versión de los vencedores, sino aproximarse a lo ocurrido en realidad a través de los ojos de los vencidos, de aquellos que sufrieron la represión de los victoriosos en el conflicto armado.
Esta búsqueda de memoria objetiva recibe diversas calificaciones que presentan variantes importantes:
Memoria colectiva:
Conjunto de visiones y sentimientos, comunes al término medio de los miembros de una sociedad, que permiten recordar de forma semejante acontecimientos socialmente relevantes, que dejan huella en la sociedad y favorecen la reafirmación de la identidad de una comunidad.
Memoria histórica:
Concibe la memoria como un ejercicio político y jurídico, es decir, es un conjunto de iniciativas públicas y privadas para compartir socialmente el reconocimiento de un “pasado concreto y trágico”, que pretenden vincular a las víctimas de ese pasado más o menos reciente con la sociedad actual.
En el caso español la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, circunscribe este periodo a los acontecimientos ocurridos entre el estallido de la Guerra Civil (1936) y el fin de la dictadura franquista (1975)
Memoria democrática:
Busca el recuerdo y el reconocimiento de aquellos que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de los que lucharon contra la dictadura en defensa de los derechos y libertades democráticas; pero a la vez incluye también a los que hicieron posible la autonomía política de los valencianos, tanto en la Segunda República, como en la Transición iniciada en 1975. Se busca por tanto el tributo al pasado y potenciar la identidad de una sociedad, a la vez que se le dota de una herramienta para la defensa de la democracia
En el caso valenciano esta visión más amplia se recoge en la Ley 14/2017 de la Generalitat, que incluye dentro de la memoria democrática de los valencianos el periodo inscrito entre la proclamación de la Segunda República Española (1931) y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (1982)