Derecho a la verdad
El derecho a la verdad que poseen las víctimas pasa inexcusablemente por el deber de memoria que poseen los poderes públicos. Estos han de facilitar y difundir la verdad histórica para que se incorpore a la memoria colectiva.
Este derecho implica para el Estado tanto investigar para esclarecer lo ocurrido y favorecer así la asunción de las responsabilidades consecuentes, como favorecer la investigación por parte de historiadores, asociaciones memorialistas y ciudadanos en general.
En el ejercicio de este derecho una herramienta clave han sido las llamadas Comisiones de la Verdad que Naciones Unidas ha definido como:
Órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años
Por ello cuando el Consejo Europeo en 2006 aprobaba la Recomendación 1736, por la que se condenaban las graves y múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Franco entre 1939 y 1975, recomendaba la creación de una comisión nacional de investigación sobre las mismas. Esta misma recomendación aparece también en las Observaciones (Observaciones finales a España del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Observación sobre la obligación jurídica de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.) que hizo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a España en 2008.
Estas comisiones tienen por objeto el esclarecimiento de lo sucedido, la atribución de responsabilidades políticas, sociales, etc así como la construcción y preservación de esta memoria histórica. Nunca deben ser un sustituto de los órganos judiciales, sino su complemento y así lo reconoce la Resolución 12/12 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009. Es más en la práctica estas comisiones rechaza la concesión de amnistía por crímenes de guerra, genocidio o de lesa humanidad que son los calificados como crímenes internacionales contra los derechos humanos.