13 octubre 2026
Más de la mitad de la plantilla de la Diputación de Valencia fue depurada por el régimen franquista tras la guerra
La delegación de Memoria Democrática que coordina Natàlia Enguix impulsa la investigación de la historiadora Mirla Narváez sobre la represión en la Administración local durante la dictadura, enfocada en la corporación
Más de la mitad de los 542 trabajadores de la Diputación de Valencia que desarrollaron sus funciones antes o durante la Guerra Civil y cuyos expedientes constan en el Archivo provincial fueron depurados por el régimen franquista. En concreto, 191 empleados fueron destituidos por cuestiones ideológicas y 87 fueron admitidos con sanción, a lo que hay que sumar otro cese sin sanción y 32 sobreseimientos asociados a jubilaciones o fallecimientos durante el proceso de investigación. Son los principales datos del estudio de la historiadora chilena Mirla Narváez, promovido por la delegación de Memoria Democrática que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix.
Mirla Narváez realiza actualmente su doctorado en Historia Contemporánea en la Universitat de València, con una investigación sobre los trabajadores depurados en el manicomio de Jesús, el antiguo psiquiátrico Padre Jofré. Este es el germen de una investigación mucho más amplia que ha analizado 664 expedientes de funcionarios de la Diputación en el período 1939-1960. “El trabajo de Mirla es un paso más en las políticas de verdad, justicia y reparación”, señala la vicepresidenta Enguix, que considera el proyecto “un reconocimiento a los empleados públicos que tuvieron que afrontar el proceso de depuración del régimen franquista”.
La investigadora aclara que la depuración “no se produce en un momento específico”, y que el carácter represivo “es una constante durante la consolidación de la administración franquista, un mecanismo habitual para asegurar la uniformidad política e ideológica”. Volviendo a los datos que arroja la investigación, de los 542 funcionarios que formaban parte de la plantilla durante la guerra, 527 eran hombres y solo 15 mujeres. De estos expedientes, 224 trabajadores abandonaron su puesto por cese o por sobreseimiento, mientras que de los 318 admitidos, 87 ingresaron con un castigo asociado que podía ser desde una suspensión temporal hasta traslados forzosos, inhabilitación para ocupar ciertos cargos o la imposibilidad de subir en el escalafón laboral.
Indudable afección y perspectiva de género
‘La depuración franquista de los funcionarios de la Diputación’ incluye también el análisis de 122 expedientes de personal de nuevo ingreso tras la guerra. De ellos, 112 acreditaron una “indudable afección a las nuevas autoridades”. Del resto, cuatro empleados fueron expulsados por no acreditar esa afección, de otros cuatro no consta el veredicto, uno renunció al puesto y otro expediente fue sobreseído. “El estudio es un reflejo fiel de un período histórico que sigue atrayendo el interés de los investigadores, y forma parte ya del importante centro de documentación de Memoria Democrática que estamos impulsando en la Diputación”, explica Natàlia Enguix, quien destaca igualmente la perspectiva de género del análisis.
La propia investigadora se detiene en esa cuestión de género que es una de sus principales conclusiones. “Hasta 1929, las mujeres que trabajaban en la Diputación eran fundamentalmente monjas que formaban parte de las instituciones de beneficencia y no aparecían en las plantillas formales de la institución. A partir de ese momento podemos encontrar mujeres en plantilla, pero muy pocas en comparación con los hombres”. En el estudio de los expedientes femeninos, “se aprecia cómo ellas eran investigadas por aspectos de carácter social y moral como estar casadas por la iglesia, ser mujeres del hogar o el tipo de relación con los compañeros, mientras que de ellos interesaba la conducta política y el carácter ideológico”.
Otra de las claves de la investigación, según concluye la investigadora, es que el proceso de depuración en la Administración local “era un camino hecho desde el inicio de la guerra, con un entramado jurídico elaborado expresamente para darle un carácter legal al control del funcionariado, con el objetivo de que fuera favorable al régimen”.
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